La polèmica de la fiscalitat de l'aigua a Catalunya

Articles de:
Ramon Espadaler i Parcerisas
(Diputat de CiU)

El camino hacia una Catalunya de calidad

Es difícil discrepar de las buenas intenciones del conseller Milà en su artículo Por una Catalunya de calidad, publicado en estas mismas páginas. A decir verdad, no conozco ninguna formación política que no comparta tan encomiable objetivo. Cosa distinta es el consenso, por ahora inexistente, sobre el camino que hay que recorrer para alcanzarlo. Compartimos, pues, el punto de llegada (un país de calidad), pero discrepamos tanto del itinerario como de la velocidad que pretende imponernos.

Situado este debate en el terreno de la gestión del agua, coincidimos con el conseller Milà cuando afirma que las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas son imprescindibles para la competitividad de nuestra economía. De no ser así, no habríamos creado e implementado ya en 1981 el canon de saneamiento, el primer impuesto ecológico finalista del Estado español, que ha permitido dotar a Catalunya de una red de depuración eficiente e incentivar una cultura de uso correcto del agua entre la ciudadanía y en el ámbito empresarial.

El camino recorrido desde entonces ha sido, sin duda, positivo. Prueba de ello es la mejora objetiva de la calidad del agua de nuestros ríos así como la sustantiva reducción del consumo de agua, particularmente en aquellos sectores industriales catalogables de grandes consumidores (papelero, químico o algunos subsectores textiles). Un ejemplo entre muchos: la industria papelera catalana consume hoy en día la mitad del agua que consumía hace diez años para fabricar una tonelada de papel. No ha ocurrido por casualidad. Ha sucedido porque ha habido voluntad del sector de avanzar hacia el objetivo compartido del país de calidad, pero también porque ha existido una presión razonable de la Administración, es decir, la máxima posible en cada momento, sin sobrepasar nunca el límite que hubiese puesto en riesgo la competitividad del sector. En definitiva, Administración y sector han sido capaces de pactar no sólo el objetivo, sino también el camino a seguir (aplicación de las mejores técnicas disponibles) y la velocidad de crucero (gradualidad en la internalización de costes por parte de las empresas). Gracias a ello, hoy tenemos un sector papelero más ecoeficiente, y lo que es todavía más importante: un sector papelero catalán, es decir, un sector que genera riqueza, paga impuestos y crea ocupación en Catalunya. Contrariamente, nuestra Administración ambiental ha optado por avanzar a un ritmo frenético y por el camino de la imposición, poniendo así en riesgo la competitividad de importantes sectores de nuestro tejido productivo o, dicho de otra manera, invitándolos a la deslocalización.

Alguna razón tendremos desde CiU cuando la mitad de las auto-enmiendas que el tripartito ha presentado a los Presupuestos del Govern se refieren justamente al canon del agua y coinciden básicamente con nuestras reclamaciones, aunque de forma tímida e insuficiente. Unas enmiendas que además ponen de manifiesto dos realidades a cual más preocupante: la primera, que el Departament de Medi Ambient i Habitatge va por libre en el seno de un Govern que no tiene inconveniente a enmendarle la plana públicamente. La segunda, que éste es un Departament incapaz de llevar a la práctica el diálogo y la concertación que tanto predica. Triste paradoja la de un Govern que se autoproclama garante un país de calidad y que es incapaz de dialogar con la ciudadanía. ¿Será porque son empresarios?

Ramon Espadaler i Parcerisas
Diputat de CiU al Parlament de Catalunya

La Vanguardia, (15-XII-2004)

La nueva fiscalidad del agua: un ataque frontal a la competitividad y una invitación a la deslocalización

Con la creación por parte de la Generalitat en 1981 del canon de saneamiento, nacía el primer impuesto ecológico y finalista del Estado español. Un impuesto orientado hacia la consecución de dos objetivos: la financiación de las infraestructuras de saneamiento y su explotación, así como el avance del conjunto de la sociedad hacia un consumo más responsable del agua. Posteriormente, con la promulgación el año 1999 de la Ley de ordenación, gestión y tributación del agua (LOGTA), nacía el actual canon del agua como ingreso específico económico financiero de l'Agència Catalana de l'Aigua. A pesar de la reforma, el nuevo canon del agua preservó el carácter propio de un impuesto ecológico diseñado para la consecución de dos objetivos: reducir la contaminación en origen y facilitar la recuperación de los caudales de nuestros ríos. Ambas figuras han permitido a la Generalitat implementar una política del agua moderna, acorde con las directrices emanadas de la Unión Europea. La recaudación del canon del agua, agregada a la capacidad de endeudamiento que este otorga a nuestra administración hidráulica y a un uso inteligente de los fondos europeos y estatales, ha permitido a la Generalitat poner en servicio una extensa red pública de saneamiento e incentivar una no menos importante red privada para dar respuesta a la contaminación de origen industrial. La bondad de una y otra redes es evidente no solo en la calidad del agua de nuestros ríos, sino también en la calidad de nuestras aguas litorales.

Pero más allá de otorgar a la administración hidráulica catalana una notable capacidad inversora y de permitir una óptima explotación de la red de infraestructuras, la importancia del canon del agua se encuentra en el hecho de que actúa como un potente instrumento disuasorio de consumos desmesurados e ineficientes de agua. El canon del agua es un instrumento eficaz al servicio de la progresiva internalización de los costes ambientales de la producción. Un ejemplo entre muchos: el sector papelero catalán, utiliza hoy en día la mitad del agua que utilizaba diez años atrás para producir una tonelada de papel. Este no es, ni mucho menos, el único ejemplo de progresión de un sector altamente consumidor de agua hacia un uso mas eficiente del recurso. Hoy por hoy, nadie duda que la simple existencia del canon del agua ha tenido mucho que ver en esta positiva evolución, del mismo modo que parece a todas luces innegable que el mayor beneficio ha sido para el caudal y la calidad de nuestras aguas fluviales.

Pues bien, esta política que tan buen fruto ha dado está hoy en peligro debido al irresponsable afán recaudador del gobierno de la Generalitat al apreciar en el tributo únicamente su finalidad recaudadora. Peor aún: con la nueva política fiscal supuestamente verde del gobierno de la Generalitat se pone en riesgo la competitividad de importantes sectores productivos de nuestra economía, como por ejemplo el textil, el químico o el papelero, entre otros. A partir del momento en el que el canon del agua, lejos de perseguir los objetivos de ahorro y de reducción de la contaminación, se convierte en un instrumento meramente recaudador, lo que se consigue es, lisa y llanamente, atentar contra la competitividad de todos aquellos sectores productivos que no tienen margen objetivo para reducir consumos o contaminación. Volvamos al ejemplo: el incremento que la Generalitat propone del canon del agua representa para el sector papelero catalán una perdida de competitividad a partir del momento en que éste no tiene a su alcance la posibilidad de reducir significativamente su consumo mediante la aplicación de mejores técnicas hoy por hoy no disponibles. Y lo mismo podríamos decir del resto de sectores antes mencionados en relación a la reducción de la carga contaminante.

Alguien podría tener la tentación de afirmar que tal incremento de la fiscalidad ambiental es la única alternativa ante el pésimo legado financiero de los sucesivos gobiernos de CiU. Nada más lejos de la realidad. La herencia de CiU en materia de agua es suficientemente explícita: una eficiente red pública de saneamiento integrada por más de 300 depuradoras, la instauración de un tributo que, más allá de permitir su explotación, ha contribuido a la regulación de la demanda de un bien escaso como es el agua, así como la concienciación de los sectores productivos respecto a la necesidad de avanzar progresivamente hacia la internalización de los costes ambientales.

La política fiscal del nuevo Gobierno de la Generalitat, al acentuar exclusivamente la recaudación, constituye un ataque frontal a la competitividad de sectores tan importantes como el turístico o los industriales antes citados, a la vez que constituye una clara invitación a la deslocalitzación de dichas actividades productivas cuando menos hacia otras partes del Estado. Si el Parlament de Catalunya no lo remedia (algo altamente improbable dada la mala salud de hierro del tripartito), el 1 de enero del 2005 tendremos un amplio espectro de sectores productivos algo más débiles e indefensos ante sus competidores estatales y europeos, por no hablar ya de los países emergentes. La industria y los sectores más dinámicos de nuestra economía pagarán de esta manera la ineptitud del Gobierno de la Generalitat para obtener del Gobierno central (supuestamente amigo) el cobro de la deuda histórica derivada del Plan Nacional de Depuración que asciende actualmente a más de 92 millones de euros. Un elevado coste, al que añadiremos el plus de la incapacidad manifiesta de acordar nuevas aportaciones del Estado al que sin duda constituye el mayor esfuerzo colectivo realizado en España en materia de medio ambiente. El simple resarcimiento de la deuda acumulada por parte del Estado a la Generalitat en materia de saneamiento permitiría incluso una rebaja de la fiscalidad del agua para el ejercicio 2005. Pero lamentablemente esto no será así. El cálculo es muy simple: el incremento del canon del agua, que tan severamente afectará importantes sectores productivos, reportará a la Generalitat -según consta en el proyecto de Presupuestos remitido al Parlament por el gobierno- algo más de 68 millones de euros adicionales respecto a lo recaudado en el presente ejercicio. El cobro de la deuda histórica habría reportado a las arcas de la Generalitat 92 millones de euros. Por lo visto, en materia ambiental -como ya sucedió en la financiación de nuestra sanidad- la opción del tripartito es muy simple: Cataluña dispone de suficientes recursos propios para afrontar en solitario los nuevos retos. No está nada mal, habida cuenta que tenemos un consejero de economía experto en balances fiscales y un consejero de industria defensor a ultranza de la competitividad de nuestro sector industrial.

Ramon Espadaler Parcerisas
Diputat de CiU al Parlament.

(Publicat al diari Expansión - novembre 2004)